4 Futuro simple: El Proyecto.   

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Mayo, 2013

¿Y de que tradición de qué patria dice usted que provengo?                                                                                                               J.M. Caballero Bonald, 2102[iv].

Los cambios

El sumario

Las modificaciones de la cuarta versión se concentran en:

• La “Exposición de motivos”. Añade un nuevo apartado “XIV” para justificar la exclusión de una asignatura específica sobre los valores democráticos. El anterior pasa a ser el “XV”
• El CAPITULO III “Currículo”, del “Título Preliminar” pasa a denominarse “Currículo y distribución de las competencias”. Además, matizan algunos de los elementos del currículo y las competencias de las distintas Administraciones.
• Los CAPITULOS II,“Educación Primaria”, y III, “Educación Secundaria Obligatoria”, del Título I. “Las Enseñanzas y su ordenación”. Las asignaturas específicas de Religión y su alternativa pasan a ser optativas compatibles y modifican las condiciones de acceso a la reválida de la ESO.
• El CAPÍTULO III, “Bachillerato”, del mismo Título I, añade el Latín II como  asignatura troncal optativa en la modalidad de Ciencias Sociales; el CAPÍTULO IV, “Formación profesional”, reduce a los 22 años el techo de acceso sin estudios a la Formación profesional básica; Y el CAPITULO VIII, “Enseñanzas deportivas”, reescribe los artículos de la LOE sobre organización y titulación.   
• El CAPITULO III, “Escolarización en centros públicos y privados concertados”, del Título II. “Equidad en la Educación”. Se flexibiliza la ponderación del rendimiento académico en la admisión a las enseñanzas postobligatorias en los centros de especialización curricular: Además se favorece el concierto de la enseñanza diferenciada por sexos y se añade otra circunstancia a tener en cuenta en la admisión.
• Los CAPITULOS II, “Autonomía de los centros” y IV, “Dirección de los centros públicos” del Título IV. “Centros docentes”. Realizan precisiones terminológicas puntuales y de procedimiento.
• El Título VI. “Evaluación del sistema educativo”.  Recogen en un artículo,  estaba distribuido en cada una de las etapas, el papel de las Administraciones educativas en las evaluaciones individuales.    
• La Disposición adicional “Trígesima octava”. Cambian el criterio de financiación de las enseñanzas individuales de castellano en Comunidades Autónomas bilingües. Y añaden la Disposición adicional cuarta. “Promoción de la actividad física y dieta equilibrada” para implicar a las Administraciones educativas en estas prácticas.
• Las Disposiciones finales “Primera. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades en lo que se refiere a la admisión y “Segunda. Modificación de la LODE”” (antes tercera, se suprime la modificación de la Ley 39/2007 de la carrera militar), añaden como matización el rango de Ley orgánica de los cambios.
• La Disposición final “Tercera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las Comunidades Autónomas”, se añade para derivar a las Administraciones educativas los gastos ocasionados por la escolarización en centros privados del alumnado de castellano.
• La Disposición final “Quinta. Calendario de implantación”, adelantan a los nueve meses, estaba en catorce, el inicio de su implantación.         

Los cambios, por tanto, con respecto a la tercera versión son muy limitados. Añade  dos nuevos puntos (noventa y dos) a los noventa de la anterior (la primera tenía setenta y cuatro y ochenta y seis, la segunda).

El proyecto modifica el 44% del articulado de la LOE (sesenta y nueve de ciento cincuenta y siete). Esta limitada proporción no oculta la relevancia de los cambios.

Modifica las competencias de las Administraciones educativas en el currículo (Título preliminar); la ordenación de las enseñanzas con la excepción de la Educación infantil (“Título I); la escolarización del alumnado (Título II); la programación de la red de centros (Título IV); la participación, autonomía, y gobierno de los centros docentes (Título V); y la evaluación del sistema educativo (Título VII).

Mantiene la Educación infantil (CAPÍTULO I del Título I), el profesorado (Título III), la Inspección del sistema educativo (Título VII) y los Recursos económicos (Título VIII).

Las motivaciones

Los cambios vienen motivados, inicialmente, por las observaciones del dictamen del Consejo de Estado de 18 de abril de 2013 pero, sobre todo, por las presiones de los sectores más conservadores del partido del gobierno[v] y de la Iglesia católica[vi].

Las observaciones del Consejo de Estado, organismo poco sospechoso de ser contrario a la propuesta, se consideran en su totalidad o parcialmente en los contenidos de menor relevancia, mientras que los de mayor calado se omiten.

Se tienen en cuenta las propuestas de modificación del enunciado del título del Capítulo II del Título preliminar[vii]; los matices “técnicos” en la definición de los componentes del currículo[viii]; las precisiones a la responsabilidad en las competencias del gobierno[ix] y las Administraciones educativas[x]; el acceso a la prueba final de la ESO con asignaturas pendientes[xi]; la participación de los funcionarios públicos en las reválidas[xii]; la flexibilización en la ponderación en las admisiones a los centros de especialización curricular[xiii]; la financiación de las escuelas diferenciadas por sexos aunque proceda justificarlas[xiv]; la matización de la presunción de veracidad[xv]; el cambio de nombre a la asignatura alternativa a la Religión en la Educación Primaria[xvi]y la posibilidad de optar por cursar ambas asignaturas en la educación obligatoria[xvii].

No se consideran la clarificación de la financiación[xviii]; la necesidad de consenso para garantizar su estabilidad en el futuro[xix]; la obligatoriedad de ofertar las asignaturas troncales optativas y específicas[xx]; la inclusión como obligatoria de una asignatura de educación ético-cívica[xxi]; la competencia de las Administraciones educativas y los centros docentes en las “otras enseñanzas[xxii]; la estructura de ciclos en Educación primaria asociada, en este caso, a las evaluaciones externas[xxiii]; la unificación de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales en el Bachillerato[xxiv]; el cambio de nombre a los Ciclos de Formación Profesional básica[xxv]; la denuncia de la pérdida de la cultura de democrática en los centros docentes[xxvi], de la pérdida de autonomía[xxvii] y de los condicionantes de la dirección[xxviii]; la eliminación de la referencia al pago de los gastos de escolarización del alumnado que use el castellano como lengua vehicular[xxix]; la ambigüedad de las bases para una educación plurilingüe[xxx], las dotaciones y formación en relación a las TIC[xxxi]; y la urgencia y el desarrollo normativo del calendario[xxxii].  

Muchos son los contenidos cuestionados y poco los cambios. Además, la prensa se encarga de reducir aun más el campo del análisis. Condicionada por el supuesto interés de la audiencia, limita la información y la opinión. El protagonismo queda para la Religión, la competencia de las Administraciones; el pago de las clases de castellano cuando se demanda como lengua vehicular, la urgencia en la implantación, la enseñanza diferenciada o la financiación. Contenidos, todos ellos, intencionalmente ocultos en la Exposición de Motivos. El resto quedan fuera, englobados dentro del dogmático discurso de la “calidad y el esfuerzo” frente al “fracaso y el abandono”[xxxiii].

Todos, unos y otros, han sido [xxxiv] y son objeto de nuestro análisis.

Lo que la prensa destaca

La España “una,…”     

El Gobierno da un nuevo golpe de tuerca en el camino de la homogenización centralizadora[xxxv]. No ocultan su visión del Estado de las Autonomías como un problema político, económico y social que es necesario resolver[xxxvi]. La educación, piensan, es una herramienta eficaz para acentuar lo común y limitar lo diferente. 

La creación de un sistema jerárquico de asignaturas, cambio introducido en la versión anterior, es la vía utilizada para asegurar el control del Gobierno. El Proyecto da un paso más en el punto “Cinco. Se añade un nuevo artículo 6.bis, dentro del capítulo III del título preliminar, con la siguiente redacción: “Artículo 6.bis. Distribución de competencias” en esta dirección:

• El término “Gobierno” (estaba en la primera versión) sustituye al genérico “Administración General del Estado”.
• La responsabilidad de determinar los criterios de evaluación y los estándares de evaluación de las asignaturas específicas pasa de los CCAA al Gobierno
• Un nuevo apartado b) añade la competencia del MECD en las evaluaciones finales de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Por otra parte, incluyen una matización simbólica en el punto 5 sobre los Centros docentes para responder a una de las sugerencias del Consejo de Estado:     

5. Las Administraciones educativas fomentarán y potenciarán la autonomía de los centros, evaluarán sus resultados y aplicarán, en el caso de los centros sostenidos con fondos públicos, las medidas correctoras oportunas.

Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente ley

 En síntesis:

	Troncales	Específicas	Libre configuración
a) Gobierno	Determinar : 1º. Los contenidos, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo (50%)  3º. Los criterios de evaluación del logro y del grado de adquisición de las competencias Y las características de las pruebas de la Evaluación final de primaria	Determinar 2º. los estándares de aprendizaje evaluables 3º Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias
b) MECD	Determinar 1º) los criterios de evaluación del logro de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias correspondientes, en relación con los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas. 2º) las características de las pruebas. 3º) Diseñar las pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria.
c) Administración educativa	1º. Completar los contenidos 4º. Fijar el horario lectivo máximo 6º. Completar los criterios de evaluación	2º. Establecer contenidos 5º Fijar el horario 6º. Completar los criterios de evaluación	2º. Establecer contenidos 5º Fijar el horario 6º) Establecer criterios de evaluación 7º) Establecer los estándares evaluables
	3º. Establecer las directrices  de la metodología didáctica
d) Centros docentes	1º. Completar los contenidos	1º. Completar los contenidos	1º. Completar los contenidos
	3º. Determinar la carga horaria	3º Determinar la carga horaria	3º Determinar la carga horaria
	1ª. Configurar la oferta formativa 2º Diseñar métodos propios

Tal y como recoge la Tabla, el Gobierno controla los contenidos y los horarios ya sea de forma directa o través de los estándares de evaluación y las pruebas (reválidas) finales.

No se tienen en cuenta, las sugerencias del Consejo de Estado de que las Administraciones educativas deben “completar los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación” tal y como se hace con los contenidos de las asignaturas troncales ni de fijar las responsabilidades en el resto de las enseñanzas,

La España “confesional”

La recuperación de la Educación religiosa en los términos que, según entiende la Conferencia Episcopal, establece el Concordato con la Santa Sede es, junto al del “español”, el asunto que está suscitando mayor polémica. Los titulares de la prensa “independiente” son claros: “La Iglesia gana la reforma educativa”[xxxvii], “Confirmado: Religión y Matemáticas son lo mismo”[xxxviii], “Contrarreforma a la secularización”[xxxix], “En el corazón del conflicto educativo”[xl], “Evangelización y adoctrinamiento: busque las diferencias”[xli], etc. 

¿Qué novedades ofrece esta versión? La “Disposición adicional segunda. Enseñanza de la Religión” se mantiene sin otra modificación que la numeración del punto (pasa de 78 a 80). Quieren recuperar el “espíritu de la LOCE” y, de paso, dar respuesta a alguna de las observaciones del Consejo de Estado, una vez que ha sido  negada la mayor, la presencia de una asignatura centrada en los valores democráticos. Los cambios se orientan a justificar la negativa y a ofrecer que la Religión y su alternativa no sean excluyentes.

La victoria de la “Religión” es la confirmación de la derrota de la “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, y para justificarla introducen en la Exposición de Motivos el nuevo apartado XIV:

“La Recomendación (2002)12, de fecha 16 de octubre de 2002, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática, señala que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia.

Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin a cuya consecución se orienta el Sistema Educativo Español la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Esta ley orgánica considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. En el contexto del cambio metodológico que esta ley orgánica propugna se aborda esta necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador”.

Apuestan por la visión transversal de la cultura democrática frente a la asignatura específica lo que no deja de ser todo un detalle de incoherencia cuando, como es el caso, son paladines de lo académico.

El asunto de la Religión aparece en la segunda versión, pasa a ser asignatura específica en la tercera (14 de febrero de 2013) y su rol se matiza en esta cuarta.

Ocho. El artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:

“1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.

3. Los alumnos deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos (el título de “Valores Culturales y Sociales” de la anterior versión se cambia a sugerencia del Consejo de Estado), a elección de los padres o tutores legales.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:

3º) Religión

4º) Valores Sociales y Cívicos

Trece. El artículo 24 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 24. Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

3.c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro de las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:

7º) Religión

8º) Valores Éticos

Catorce. El artículo 25 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 25. Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

4.c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:

9º) Religión.

10º) Valores Éticos.

La Religión y su alternativa son materias específicas que, tal y como ya sucedía en Bachillerato y de acuerdo con la observación del Consejo de Estado, pueden ser elegidas por el alumnado y sus familias. Cierto es que no forman parte del contenido de las evaluaciones finales de etapa, pero influyen a la hora de tomar decisión de promoción, de acceso a las evaluaciones finales y a las becas[xlii].  

Lleva el Ministro Wert razón cuando afirma que a nadie se le obliga a estudiar Religión[xliii] en sus declaraciones pero, a diferencia de la LOE, todos tienen que elegir entre una u otra o ambas.

La España “española”

La segunda versión introduce en una Disposición adicional (Trigésimo novena.  “Lengua castellana y Lengua vehicular de enseñanza”) el uso del castellano como lengua vehicular en las Comunidades Autónomas con lengua propia, pero es en la tercera (Trigésimo octava. “Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal”) cuando se acentúa la polémica al cerrar el tema de la financiación.  La tercera versión decía:  

Ochenta y seis. Se añade “Disposición adicional trigésima octava. Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal (Tercera y cuarta versión

“c) Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable. 

En estos casos, los padres o tutores legales tendrán derecho a elegir el sistema de enseñanza que reciban sus hijos o pupilos. Si la programación anual de la Administración Educativa no contemplase oferta docente sostenida con fondos públicos, excepcionalmente y hasta que no se desarrolle dicha oferta en el sistema elegido, los padres o tutores legales podrán optar por escolarizar a sus hijos o pupilos en centros privados, correspondiendo a la Administración educativa sufragar los gastos de escolarización”.

El proyecto mantiene la oferta y la autoria e introduce un cambio en el contenido de la última versión para intentar resolver en lo económico, el problema. El MECD[xliv] asume inicialmente el pago y después lo compensa en la financiación de la Administración educativa.

Ochenta y ocho. Se añade una nueva disposición adicional trigésima octava, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional trigésima octava. Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal.

c) Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable. 

En estos casos, la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular.

Los padres o tutores legales tendrán derecho a que sus hijos o pupilos reciban enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa. Si la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha Administración educativa.

Corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la comprobación del supuesto de hecho que determina el nacimiento de la obligación financiera, a través de un procedimiento iniciado a instancia del interesado, instruido por la Alta Inspección de Educación y en el que deberá darse audiencia a la Administración Educativa afectada. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrollará reglamentariamente este procedimiento administrativo.

La obligación financiera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tendrá carácter excepcional y se extinguirá con la adopción por la Administración educativa competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos. A estos efectos, no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual.

Este criterio se incorpora a una nueva Disposición final sobre la financiación de las Comunidades Autónomas.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.

Uno. Se añade un apartado 3 a la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, con la siguiente redacción:

“Para llevar a cabo la repercusión a las Comunidades Autónomas correspondientes de los gastos de escolarización de alumnos en centros privados en los que exista oferta de enseñanza en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, como indica la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Estado podrá deducir o retener de los importes satisfechos por todos los recursos de los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por cuenta de las Comunidades Autónomas.”

Dos. Esta disposición tiene carácter de ley orgánica.

Por otra parte, la ocasión se aprovecha para recoger la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que excluye la atención individualizada o el grupo específico como fórmulas de respuesta.[xlv]

El conflicto con Cataluña sigue abierto. El interés de los responsables políticos en aclarar que no es un ataque a las lenguas cooficiales[xlvi] no resulta creíble, cuando ha dejado pasar la oportunidad de confirmar la competencia de las Administraciones educativas en este campo, tal y como les sugería el Consejo de Estado.

La España “estructurada”: el discriminador discriminado

El concierto de las escuelas exclusivamente de chicas es otro de los puntos controvertidos[xlvii]. Este apartado se introduce en la segunda versión con la Resolución justificativa de UNESCO y el proyecto introduce un párrafo para asegurar la financiación.      

Cincuenta y cinco. El apartado 3 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera:

“3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.

En ningún caso la elección de la enseñanza diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán justificar de forma objetiva y razonable la elección de dicho sistema, así como la implantación de medidas académicas para favorecer la igualdad. ”

Asumida la recomendación del Consejo de Estado de justificar la excepción a la coeducación (¿es posible?), buscan desactivar las sentencias (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo[xlviii]) que reducen a la esfera privada a estos centros. Con la LOMCE, la decisión de negar el convenio es injusta y discriminatoria. La propia Defensora del Pueblo, supuestamente independiente, ya había adelantado la postura del gobierno[xlix]    

Las urgencias de España

La Disposición final quinta ofrece la modificación del calendario de implantación. ¿Tienen prisa? Quieren evitar por cualquier medio que suceda lo que con la LOGSE (10 años), la LOCE (5 años) y la propia LOE (5 años) y aspiran a que el proceso quede cerrado en los años académicos (2014-2015 y 2015-2016) para asegurar que la Ley en pleno vigor[l] cuando se convoquen las elecciones generales en el 2015.

El momento de inicio ha sido objeto de reajustes en las distintas versiones. Tal y como recoge el gráfico, pasa del “año siguiente” de las dos primeras, a los catorce meses de la tercera y a los nueve meses del proyecto.   

Un periodo tan breve obliga a las Comunidades Autónomas a elaborar los currículos en un tiempo record[li] y ha sido objeto de las observaciones del Consejo de Estado tanto por la premura como por la falta de idoneidad de cerrar el calendario en la Ley.

Sin financiación ni consenso

La continuidad, en todos sus términos, del Título VIII. “Recursos económicos” de la LOE, la reducción del presupuesto el educación y la necesidad de buscar un amplio acuerdo para garantizar la estabilidad de la Ley son asuntos que también destaca la prensa. Ambos quedan recogidos en las observaciones del Consejo de Estado.

La “calidad de la educación no depende de la inversión”. La hipótesis de la que parten  ya ha sido objeto de nuestro análisis[lii]. ¿Para qué cerrar compromisos que no se quieren cumplir? ¡Basta con las previsiones!

El Gobierno quiere gastar 408 millones de euros en la implantación y aspira  a que doscientos sean financiados por los Fondos sociales de Unión Europea[liii] y los futuros planes de empleo juvenil.

La consolidación es asunto de las Comunidades Autónomas. Estamos convencidos de que la renuncia a la racionalización del currículo (primera versión) y la consiguiente multiplicación de asignaturas por la presión de los colectivos, se verá compensada por la reducción de la oferta para que no se disparen los costes.

En cuanto al consenso, la soledad de la mayoría permitirá al gobierno aprobar sin cambios este proyecto pero anticipará que esta Ley sea derogada en todos sus términos a partir del 2016. La intención de buscar acuerdos[liv]resulta poco creíble cuando se recuerda la negativa del Partido Popular a las iniciativas del Ministro Gabilondo de poner en bandeja el final de la escuela comprensiva[lv].   

Lo secundario

El título del Capítulo III del Título Preliminar es…

Cuatro. El título del capítulo III del título preliminar y el artículo 6 quedan redactados de la siguiente manera:

CAPÍTULO III. “Currículo y distribución de competencias”.  

Los autores asumen sin problema, la sugerencia del Consejo de Estado de modificar el título de este capítulo para que añada a la definición del currículo,  la referencia a la distribución de las competencias (Gobierno central, Comunidades Autónomas y  centros docentes).    

El diccionario dice que…

Cuatro. El título del capítulo III del título preliminar y el artículo 6 quedan redactados de la siguiente manera:

2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos:

c) Los contenidos, o conjuntos de (nociones) conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias

El Consejo de Estado considera sinónimos los términos “Nociones” y “Conocimientos” y “Habilidades” y “Destrezas”. Se acepta la desaparición de las “Nociones” y se mantiene como diferenciados las “Habilidades” y “Destrezas”.

Y

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.”

Además, se asume la sugerencia de desdoblar el apartado e) en dos para diferenciar claramente los “criterios de evaluación”(los parámetros para evaluar) de los “estándares” (los resultados esperados).

Las transversales

Ocho. El artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:

6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.”

El contenido de este articulo se añade como punto 6 al artículo 18 en Educación Primaria. La decisión es coherente con el tratamiento dado en la Educación Secundaria y Bachillerato pero resulta redundante si no se suprime el apartado 2 del artículo 19 de la LOE que recoge el mismo contenido sin modificación. ¿Resolverán esta redundancia?     

Para acceder a la “Revalida” de la ESO debes…

Dieciocho. El artículo 29 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 29. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.

3. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias (tres en la versión anterior) siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos efectos, la materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.

La cuarta versión endurece las condiciones de acceso a la prueba final de la ESO al pasar de tres a dos las asignaturas suspensas (o una cuando las dos son las Lenguas castellana o cooficial y las Matemáticas). No sigue la observación del Consejo de Estado para que el acceso sea, como en Bachillerato, sin asignaturas suspensas.

La defensa del Latín II

Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 34.bis, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 34.bis. Organización del primer curso de Bachillerato.

3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas troncales en la modalidad de Ciencias Sociales:

e) (…)  al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

5º) Latín I

Veinticuatro. Se añade un nuevo artículo 34.ter, que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 34.ter. Organización del segundo curso de Bachillerato.

Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas troncales en la modalidad de Ciencias Sociales:

e) (…) al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

5º) Latín II

El Latín es una asignatura troncal obligatoria de la modalidad de Humanidades que la tercera versión no contemplaba en la modalidad de Ciencias Sociales. El proyecto, que no sigue la observación del Consejo de Estado de agrupar ambas modalidades, lo incorpora como materia troncal optativa.

Cambio de lugar pero no de contenido

La anterior versión incluía un apartado 3 en cada una de las etapas para establecer la responsabilidad de las Administraciones educativas y del profesorado. 

Once. El artículo 21 queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 21. Evaluación final de Educación Primaria.

3. La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro.

Dieciocho. El artículo 29 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 29. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.

5. La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro.

Veintiséis. Se añade un nuevo artículo 36.bis, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 36.bis. Evaluación final de Bachillerato.

4. La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro.

El proyecto suprime estos apartado, sitúa su contenido en el artículo 144 y recoge la observación del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del profesorado funcionario:

Setenta y ocho. El artículo 144 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 144. Evaluaciones individualizadas.

1. (…) las pruebas y los procedimientos de las evaluaciones indicadas en los artículos 29 y 36.bis se diseñarán por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (….) 

La realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado de la función pública docente externo al centro.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de revisión de los resultados de las evaluaciones.”

El cambio de lugar que no de contenido también se produce al hablar de los límites de la repetición en Bachillerato:

Veintiuno. Los apartados 2 y 4 del artículo 32 quedan redactados de la siguiente manera:

4. Los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años.”

Sin superar este máximo, podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.”

Veinticinco. El artículo 36 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 36. Evaluación y promoción.

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 32.4, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

Además se matiza el punto 4:

4. La superación de las materias de segundo curso que impliquen continuidad estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso. Dicha correspondencia se establecerá por vía reglamentaria .

Para obtener el Título Profesional Básico…

Treinta y cinco. El artículo 44 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 44. Títulos y convalidaciones.

1. Los alumnos que superen un ciclo de Formación Profesional Básica recibirán el título Profesional Básico correspondiente.

Además, las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas las unidades de competencia profesional incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados de profesionalidad de nivel 1 o por el procedimiento de evaluación y acreditación establecido, recibirán de las Administraciones educativas el título Profesional Básico.

La edad de acceso a este título de nivel 1 desde la acreditación o la evaluación ha sido objeto de cambio en las sucesivas versiones. La primera no lo contemplaba, la segunda lo incorpora y establece como techo los 20 años, la tercera lo sube a los 24 años; y el proyecto lo deja en los 22 años.

Las Enseñanzas deportivas no van a ser menos

El Proyecto modifica por primera vez los artículos 64 y 65 del Capítulo VIII. “Enseñanzas deportivas”, de la LOE:

LOE Artículo 64. Organización.	Cuarenta y siete. El artículo 64 queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 64. Organización.
1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
2. Para acceder al grado medio será necesario el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.	2. Para acceder al grado medio será necesario estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la opción de enseñanzas aplicadas o en la de enseñanzas académicas.
Para acceder al grado superior será necesario el título de Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente.	Para acceder al grado superior será necesario estar en posesión del título de Técnico deportivo en la modalidad o especialidad deportiva que se determine por vía reglamentaria, y además de al menos uno de los siguientes títulos: a) Título de Bachiller b) Título de Técnico Superior c) Título universitario d) Certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato
3. También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, careciendo del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o del título de Bachiller, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años, y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.	También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, careciendo de los títulos o certificados indicados en el párrafo anterior, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años y diecinueve para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se acredita estar en posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.
4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior deberán acreditar para el grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el grado superior, la madurez en relación con los objetivos de bachillerato. En ambos casos, será también requisito la superación de la prueba o la acreditación del mérito deportivo a las que hace referencia el apartado 2 de este artículo.	Las pruebas a las que se refiere el párrafo anterior deberán permitir acreditar para el grado medio los conocimientos y habilidades suficientes, y para el grado superior la madurez en relación con los objetivos del Bachillerato, para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas de acuerdo con los criterios que establezca el Gobierno.
(1) En el caso de determinadas modalidades o especialidades, será además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en los que se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes	3. En el caso de determinadas modalidades o especialidades, podrá requerirse además la superación de una prueba realizada por las Administraciones educativas, acreditar méritos deportivos, o ambos requisitos de forma conjunta. El Gobierno regulará las características de la prueba y de los méritos deportivos, de tal manera que se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes, así como la convalidación de los mismos por experiencia profesional, deportiva o formación acreditada
5. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos, de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los diversos campos profesionales.	4. Las enseñanzas deportivas se organizarán en bloques y módulos de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los diversos campos profesionales y deportivos.
6. 5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de los centros en los que podrán impartirse las enseñanzas respectivas.

LOE Artículo 65. Titulaciones y convalidaciones.	Cuarenta y ocho. El artículo 65 queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 65. Titulaciones y convalidaciones
1. Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado medio recibirán el título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
2. Quienes superen las enseñanzas deportivas del grado superior recibirán el título de Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
	3. El título de Técnico Deportivo permitirá el acceso a todas las modalidades de Bachillerato.
3. El título de Técnico Deportivo Superior permitirá el acceso a los estudios universitarios que se determine.	4. El título de Técnico Deportivo Superior permitirá el acceso a los estudios universitarios de grado previa superación de un procedimiento de admisión.
4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y oído el Consejo de Coordinación Universitaria, regulará el régimen de convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas de grado superior.	5. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y oídos los correspondientes órganos colegiados, regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre las enseñanzas deportivas y el resto de enseñanzas y estudios oficiales.

Los cambios son coherentes con las modificaciones realizadas en los Ciclos Formativos de Formación Profesional y de Arte y Diseño.

En cuanto a la escolarización…

En los centros de especialización curricular…

Cincuenta y cuatro. El apartado 2 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera:

“2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios (…)  

No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especialización curricular por las Administraciones educativas, o que participen en una acción destinada a fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el artículo 122.bis, podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno hasta un 20% de la puntuación asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias.

Dicho porcentaje podrá reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesión del sistema.”

Este matiz de responde a la observación de flexibilizar del Consejo de Estado.

Cincuenta y seis. El apartado 7 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera:

“7. (…) Asimismo, tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales aquellos alumnos cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres o tutores legales, o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género debidamente constatados.”

Además, en el apartado de las prioridades, incorporan el cambio de residencia motivado por la violencia de género.

Quiero incluir la presunción de veracidad

Sesenta y siete. El artículo 124 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.

3. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad “iuris tantum”, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios alumnos.

No se tiene en cuenta la propuesta del Consejo de Estado de eliminar la “presunción de veracidad” de los docentes y el equipo directivo por considerar que no se ajusta a la sentencia núm. 169/1998 de 21 de junio del Tribunal Constitucional, "la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas( ... )”.

Parece claro que no se quiere renunciar al valor propagandístico de este enunciado y como alternativa se añade el término “iuris tantum” para constatar que es una presunción meramente hipotética pues admite la prueba en contra.

Una comisión que actuará de forma “superlegal” en la elección de los directores

Setenta y tres. El artículo 135 queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 135. Procedimiento de selección

2. La selección será realizada por una comisión constituida por un lado por representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho centro. Las Administraciones educativas determinarán el número total de vocales de las comisiones y la proporción entre los representantes de la Administración y de los centros; en cualquier caso deberán dar participación en las comisiones a los Consejos Escolares de los centros.

La comisión actuará de acuerdo con lo indicado en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las observaciones del Consejo de Estado sobre la pérdida de calidad democrática en la elección del director o el valor añadido de la pertenencia al claustro, se resuelven añadiendo un punto con la referencia, como no podría ser de otra manera, al respeto a la Ley que regula el régimen jurídico de las Administraciones públicas y el  procedimiento administrativo.  

La actividad física es importante

Disposición adicional cuarta. Promoción de la actividad física y dieta equilibrada.

Las Administraciones educativas adoptaran medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar.

En los últimos meses han surgido voces favorables a combatir la obesidad desde la educación. El propio gobierno (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) se ha hecho eco de estas demandas llegando a proponer un mejor trato horario para la Educación física (asignatura específica de oferta obligada). La aspiración queda reducida a esta recomendación.  

Mis modificaciones tienen el carácter de Ley orgánica

Dos. Esta disposición tiene carácter de ley orgánica.

Por último, se introduce en las Disposiciones final primera. “Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades” y en la nueva segunda. “Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación” (antes tres, pasa a ser dos al ser  suprimida la “Disposición final segunda. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar” de la versión anterior) esa matización.

El significado real del proyecto

El proyecto queda visto para que sus señorías dicten su sentencia una vez analizado y debatido.

Los argumentos de sus promotores son conocidos “CALIDAD, MÉRITO Y ESFUERZO”[lvi] para atajar, con el menos coste posible[lvii], el abandono prematuro y acabar con el paro[lviii]. Para justificar la ley, los datos de los informes y las evaluaciones internacionales se manipulan y las sentencias de los Tribunales se usan a conveniencia.  

La demanda de la sociedad de llegar a acuerdos políticos sobre las cuestiones básicas (educación, sanidad, justicia…) se responde con una imagen de paladines del consenso[lix] para buscar el apoyo imposible de los nacionalistas[lx] sin renunciar a la defensa de sus trincheras[lxi]. 

Mayor Zaragoza nos dice, en la presentación de la plataforma “Stop Ley Wert”, que “no hace falta una nueva Ley de Educación, y menos una con grandes retrocesos como la de Wert”^[lxii].  

Esta Ley junto a las del aborto, la justicia, las pensiones, la reforma laboral y la sanidad son las herramientas ideológicas conservadoras para destruir el estado de bienestar, acentuar la desigualdad y garantiza el control de los beneficios. Cuando termine el proceso y la LOMCE sea aprobada “por mayoría” habrán conseguido imponer un modelo educativo que les asegura:

1. La homogenización de la enseñanza desde la selección y diferenciación del alumnado por los resultados obtenidos en la evaluación continua y las reválidas. Con el fondo musical de la “teoría de los talentos” y la “flexibilización de trayectorias”, utilizarán la Formación Profesional de Base como salida de baja cualificación a los excluidos y maquillaje de las cifras del abandono prematuro y los “ninis”.
2. La “racionalización” de la oferta educativa más por el efecto de su coste que por su ordenación. La multitud de asignaturas del jerarquizado currículo de las enseñanzas generales desmiente, si es que la hubo, la intención de racionalizar[lxiii].     
3. La “españolización del sistema” con el control del Gobierno de las asignaturas troncales y específicas sobre los contenidos, horarios, criterios de evaluación e indicadores de evaluación.
4. La sustitución de un currículo orientado al logro de las “Competencias básicas” dinámicas, transversales, multifuncionales y transferibles por las competencias académicas correspondientes y específicas de cada asignatura[lxiv]. La única referencia a las Competencias Básicas, entendemos que por error, se mantiene en el artículo 21. “”[lxv].   Evaluación final de Educación Primaria
5. La “falacia de la formación profesional dual” y el cuento de la “modernización” deFormación Profesional, desde el interés por derivar desde la Educación Secundaria Obligatoria “aplicada” personas a la Formación profesional para, junto a las pruebas programadas por la Universidades,  reducir el número de titulados superiores[lxvi].    
6. El desinterés por la Educación infantil[lxvii], las Enseñanzas de Régimen Especial[lxviii] y la educación de personas adultas[lxix], más allá de la actualización de títulos y convalidaciones.
7. El “rollo” del fomento de las TIC y el plurilingüismo cuyas limitaciones se ha encargado de señalar el Consejo de Estado.
8. La “muerte” de la educación inclusiva y la vuelta al modelo clínico y específico de respuesta a la diferencia[lxx]. 
9. El “cierre” de la participación democrática de la comunidad educativa y la autonomía real de los centros desde el falso discurso de los centros de especialización curricular y el apoyo a la gestión profesional de los directores[lxxi].  
10. El “mercado” de los centros docentes para asegurar la dominancia de la escuela privada (eso sí concertada) frente a la pública. La eliminación de la cercanía a los centros como criterio de admisión, la consideración de la demanda como factor de planificación y la publicación de los resultados de los centros ordenados son sus herramientas[lxxii].
11. El olvido de los factores de calidad como la orientación, la formación del profesorado[lxxiii], la innovación y la Inspección[lxxiv] y el uso de la evaluación como estrategia de mercado y ajuste de cuentas[lxxv].
12. Y además, la religión, el español, la educación diferenciada, la destrucción de la educación democrática, etc.…